El 19 de enero de 2025, durante la toma de posesión del segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump, el mundo fue testigo en tiempo real de un nuevo paso en la consolidación de lo que el economista, académico y exministro de finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, definió como "Tecnofeudalismo". Según Varoufakis, las relaciones capitalistas han llegado a una nueva etapa ultramonopolista en manos de los dueños de las Big Tech, los “cloudalistas”, otro término acuñado por el autor en su libro Technofeudalism: What Killed Capitalism.
Esto quedó muy claro en la repercusión de la ceremonia de investidura, ya que las imágenes y noticias más comentadas estuvieron relacionadas con la presencia destacada de Mark Zuckerberg (META), Jeff Bezos (Amazon), Sundar Pichai (Google), Tim Cook (Apple) y Elon Musk (Tesla y X), quien además asumió como Secretario del "Departamento de Eficiencia Gubernamental" de EE.UU.
Las Big Tech ya venían anunciando este alineamiento desde hace algún tiempo. A principios de este año, Meta anunció la eliminación de su programa de verificación de hechos en sus redes, una medida elogiada por Trump, lo cual era de esperarse, ya que el entonces candidato basó toda su campaña en fake news sobre inmigrantes. La relación entre las grandes empresas tecnológicas y la extrema derecha global tiene múltiples motivaciones, entre ellas, los enormes beneficios derivados de la desinformación y el involucramiento generado por los discursos de odio en las redes sociales.
Año tras año, las grandes corporaciones tecnológicas han enfrentado presiones por parte de los gobiernos para regular sus actividades. El propio gobierno estadounidense, bajo la administración de Biden, abrió procesos antimonopolio contra Google y Amazon. Entre 2023 y 2024, la Unión Europea impuso multas por un total de 23 mil millones de euros a Apple y Meta. También es importante destacar el enfrentamiento entre Elon Musk y el Tribunal Supremo de Brasil, que bloqueó durante más de un mes las actividades de la red social X en el país debido al incumplimiento de las leyes brasileñas por parte de la empresa.
La contraofensiva de las Big Tech ante los esfuerzos de regulación de los países ha sido la apropiación de una de las democracias más grandes y decadentes del planeta. Bajo la fachada de un “Gobierno Trump”, nuevos señores feudales como Musk y Zuckerberg utilizan la influencia y el poderío estadounidense para ampliar y consolidar sus propios proyectos de poder en el mundo. Este es el mayor significado del gesto nazi de Elon Musk durante la ceremonia de investidura: el anuncio de que un ataque supremacista oligárquico está en marcha contra lo que queda de nuestras frágiles repúblicas y democracias.
Más que regular las redes, necesitamos soberanía
Una de las mayores lecciones que podemos aprender de los últimos acontecimientos es que no basta con regular el funcionamiento de las plataformas de redes sociales y otros servicios de las Big Tech, sino que también es fundamental que los Estados e instituciones inviertan en sus propias infraestructuras y servicios digitales. Más que nunca, los países, especialmente los del Sur Global, necesitan fortalecer su soberanía digital.
La soberanía digital es la capacidad de un país o nación para controlar, regular y proteger sus datos, infraestructuras digitales y sistemas de información, garantizando que estos estén bajo su jurisdicción y gestión, sin depender en exceso de otros países o entidades extranjeras. Este concepto ha ganado relevancia con la creciente digitalización de la sociedad y la importancia estratégica de los datos y las tecnologías de la información.
En Latinoamérica tenemos un ejemplo histórico relevante de soberanía digital: el Proyecto Synco, implementado durante el gobierno de Salvador Allende en Chile. Allende asumió la presidencia en 1970 con una propuesta socialista presentada como una "tercera vía" entre los extremos representados por Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría.
Entre las promesas de su gobierno estaban la nacionalización de empresas e industrias estratégicas que estaban en manos de multinacionales extranjeras, la redistribución de la riqueza y la creación de tecnologías de participación social de los trabajadores en la gestión pública.
Ante el desafío de administrar más de 50 empresas socializadas, el ingeniero Fernando Flores, quien trabajaba en una agencia gubernamental de nacionalización, contactó al británico Stafford Beer, especialista en cibernética, para formar un equipo de ingenieros y desarrollar el sistema Synco (o Cybersyn, en inglés). El objetivo del programa era ayudar al gobierno chileno a coordinar la economía estatal, aumentar la participación de los trabajadores en la economía y preservar la autonomía de las fábricas.
El Synco procesaba diariamente datos de producción de las fábricas para generar proyecciones e indicadores económicos y contaba con una sala de operaciones futurista diseñada para facilitar la toma de decisiones del gobierno.
Con solo unos 50 computadores obsoletos en todo el país y sin apoyo de IBM (que redujo sus operaciones en Chile tras la elección de Allende), además de un “bloqueo invisible” impuesto por el gobierno de Nixon para desestabilizar la economía chilena, el equipo liderado por Stafford Beer tuvo que improvisar. La solución fue conectar los computadores disponibles a cientos de máquinas de telex, creando una red funcional, aunque menos sofisticada que la ARPANET de EE.UU. Esta red fue crucial durante una huelga nacional en 1972, cuando el gobierno la utilizó para coordinar la distribución de recursos y mantener la producción industrial. Aunque simple, el sistema mejoró la comunicación gubernamental y demostró que era posible hacer más con menos, evitando el modelo soviético de recolección masiva de datos y centrándose en indicadores clave de producción.
Sin embargo, el proyecto fue interrumpido por el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, que resultó en la muerte de Allende e instauró una dictadura que duró 17 años. El régimen militar, aliado a políticas neoliberales, desmanteló el Synco antes de su finalización, considerándolo incompatible con la nueva “orientación económica” de la dictadura de Augusto Pinochet, quien, como buen discípulo de los Chicago Boys, convirtió el país en un laboratorio neoliberal, con privatizaciones, reformas laborales y concentración de la riqueza.
De Chile a China
La experiencia del Proyecto Synco / Cybersyn nos muestra que, por más difíciles que sean las condiciones, es posible invertir en la soberanía digital de un país. Sin embargo, este tipo de iniciativas siempre enfrentan boicots y sabotajes.
Esto es precisamente lo que enfrenta actualmente la startup china DeepSeek. Poco después del lanzamiento y éxito de su nuevo modelo de inteligencia artificial (IA), políticos estadounidenses comenzaron a elaborar leyes que van desde prohibiciones hasta posibles sanciones severas.
DeepSeek destaca por su bajo costo de desarrollo, estimado en 6 millones de dólares, significativamente menor que el de competidores como Llama 3.1 de Meta, que costó más de 60 millones. Esta eficiencia financiera enfureció a los cloudalistas, quienes de inmediato utilizaron sus canales mediáticos y gubernamentales para bloquear esta tecnología.
Otro factor diferenciador es el enfoque parcialmente abierto de DeepSeek, que permite a los investigadores acceder a sus algoritmos. Esto democratiza el acceso a la IA avanzada y fomenta la colaboración global, lo que demuestra que el uso de tecnologías abiertas (software libre) ha sido fundamental para su éxito.
Tecnología libre: el código fuente de la soberanía
Otra gran contribución del software libre a la soberanía digital de países, Estados y poblaciones es el Fediverso (una combinación de “federación” y “universo”), un conjunto de tecnologías utilizadas para el alojamiento distribuido de archivos y publicaciones en la web. La principal característica de este entorno es la descentralización, realizada mediante protocolos de comunicación de código abierto.
El Fediverso es una alternativa crucial para la redistribución de Internet, ya que proporciona autonomía a los usuarios e instituciones, ofreciendo una opción frente a las plataformas centralizadas de redes sociales. Es responsabilidad de los gobiernos invertir en estas tecnologías y proporcionar a sus poblaciones alternativas saludables en lugar de los feudos digitales.
Thiago Skárnio es productor multimedia, coordina la Asociación Alquimídia e integra los pontones de cultura Pátria Grande, Catarina y Colaborativas.
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